El programa COPOLAD apoya intercambio de experiencias entre la sociedad de activos especiales de Colombia y la Agencia Nacional Italiana para la Destinación y la Administración de los Bienes Secuestrados y Confiscados al Crimen Organizado

En el marco del programa de cooperación en políticas de drogas entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea COPOLAD III, donde la  IILA es responsable del componente de cooperación judicial y policial en materia de narcotráfico y lucha contra el lavado de activos, una de las principales líneas de trabajo se refiere al uso social de los bienes decomisados al crimen organizado. El programa COPOLAD III, con la importante colaboración de instituciones italianas, coopera con Colombia, en particular con el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para fortalecer este aspecto esencial en la lucha contra el crimen organizado.

El uso social y comunitario de los bienes incautados y decomisados al crimen organizado impacta positivamente en distintas dimensiones:

• Reorientación a la legalidad: A través del tránsito de las economías rentistas y economías ilícitas a un sistema económico productivo, distributivo y participativo.
• Económica: con la democratización y restitución a la ciudadanía de los recursos de proveniencia ilícita y la creación de nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo social y comunitario.
• Social y educativa: al demostrar que los grupos criminales no son infranqueables y que existen alternativas a las lógicas que estos quieren imponer al Estado y a la sociedad.
• Política: por medio del fortalecimiento en la población de la confianza en las instituciones y en la vida democrática del país.

El gobierno de Colombia acaba de lanzar su Política Nacional de Drogas 2023-2033: Sembrando vida, desterramos el narcotráfico. Una de las prioridades de esta nueva Política es “Apoyar el tránsito integral hacia economías lícitas y la reducción de vulnerabilidades de los territorios y poblaciones (rurales y urbanas) que dependen y han sido afectadas por el mercado ilegal de las drogas, transformando sus condiciones económicas, sociales y culturales”.

Para lograr este objetivo “a través de disposiciones provisionales, u otros mecanismos de tenencia, se entregarán predios que se encuentren inmersos en procesos de extinción de dominio que estén bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales -SAE- y estén orientados primordialmente a esquemas asociativos rurales. Así mismo, se pondrán a disposición inmuebles urbanos, empresas e incluso muebles (como medios de transporte) para el desarrollo de circuitos de transformación agroindustrial y comercialización”; mientras que en ámbito urbano, “para prevenir la vinculación de población vulnerable a las economías ilícitas relacionadas con drogas o evitar su reincidencia en caso de desvinculación, se podrá hacer uso de bienes confiscados al narcotráfico, con el propósito de establecer entornos comunitarios seguros y protectores, donde converjan instituciones públicas nacionales y territoriales, el sector privado, la cooperación, la sociedad civil y las comunidades locales”.

También el Plan Nacional de Desarrollo contempla una dimensión productiva/social/ambiental cuyo objetivo es la Economía Popular (o sea, reconocer el aporte de la economía informal a la economía nacional y apoyar las comunidades, organizaciones sociales o de la economía solidaria que se puedan beneficiar con el uso de bienes confiscados). Tradicionalmente en la SAE ha primado una visión comercial, con la actual administración de gobierno, se está priorizando una visión social a partir de la creación de nuevas tipologías de beneficiarios, como los depositarios populares o los gerentes populares.

Estas dos nuevas tipologías se refieren a organizaciones sociales y comunitarias que pueden solicitar la administración de un conjunto de bienes confiscados (depositarios), la destinación de un bien confiscado (organización social beneficiaria), o la administración de una sociedad incautada (gerentes populares).

Para responder a estas nuevas tipologías, durante este nuevo gobierno la SAE está trabajando permanentemente por generar las adecuaciones institucionales que posibiliten a las organizaciones el acceso a los activos y su uso en favor del fortalecimiento de la producción agropecuaria y comunitaria y de la economía popular.

Es en este marco de política publica que el programa COPOLAD III está promoviendo un intercambio de experiencias entre la SAE y la Agencia Nacional Italiana para la Administración y la Destinación de los Bienes Confiscados al Crimen Organizado (ANBSC).

En 1996 con la aprobación de la Ley 109/96 “Disposiciones en materia de administración y destino de los bienes incautados y decomisados”, se ha introducido en el ordenamiento jurídico italiano la figura de la reutilización social de los bienes incautados y decomisados a la delincuencia organizada. Como resultado de la aplicación de la ley 109/96, así como de las integraciones realizadas en los años, como la creación de la ANBSC en 2010, hoy en día en toda Italia hay más de 20.000 inmuebles incautados y decomisados, que son reutilizados con finalidad social y colectiva, por parte de los Municipios y de las organizaciones de la sociedad civil.

De allí la importancia de lograr este intercambio de experiencias y de brindar un acompañamiento que pueda nutrir la apuesta de democratización de los activos puesta en marcha por la SAE.