Asistencia técnica en materia de Clasificación. Honduras 14-18 de octubre de 2019.
La actividad de asistencia técnica, destinada a definir un procedimiento para clasificar a los detenidos en Honduras, fue dirigida por la experta italiana Annunziata Passannante, directora de la tercera casa de Rebibbia. En Honduras, el Instituto Nacional Penitenciario depende de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia y Governance. Se ha comprobado que los 27 centros penitenciarios tienen una capacidad de 10.600 plazas, pero registran más de 20.000 personas privadas de libertad, con una tasa de hacinamiento del 180 %. El porcentaje de personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes es de 216, muy por encima de las normas internacionales. Sólo el 1,5% está compuesto por detenidos extranjeros, alrededor del 5% de mujeres y sólo el 1% de menores. Estos últimos dependen de una institución diferente para la atención de los delincuentes juveniles (INAMI).
Desde 2006, el número de personas privadas de libertad ha ido en aumento, caracterizado por la violencia, la pobreza y un elevado número de miembros de maras y pandillas en general. El número de pandilleros se estima entre 3.000 y 4.000. Estos centros, donde el régimen de detención es muy rígido, acogen a los líderes de las pandillas y a los líderes de las maras. Desde 2015, se han construido cárceles de alta seguridad con el apoyo de los Estados Unidos para hacer frente a las características específicas de este tipo de delitos. Tras la visita de orientación en el país, en octubre de 2018 se solicitó el apoyo del Programa EL PAcCTO y se designó un punto focal para el sector penitenciario. La actividad de asistencia llevada a cabo por la Dra. Passannante se centró en la necesidad de contribuir al proceso de fortalecimiento de la profesionalización del personal penitenciario, de desarrollar líneas de clasificación y, por tanto, de separación de las personas privadas de libertad en función de su perfil y nivel de peligrosidad para definir procedimientos de clasificación. Se mantuvieron reuniones con la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernabilidad, el Instituto Nacional Penitenciario y el Instituto de Atención a los autores de delitos menores, así como con la DUE en Honduras. Por último, se realizaron visitas a centros penitenciarios donde se encuentran detenidos adultos y menores.
